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Resumen de lo planteado en la reunión de delegados de SEPCA de Tenerife, el 23 de abril de 2012 a las 12 horas
Ninguna organización sindical acepta las propuestas del Gobierno en la Mesa de Empleados Públicos del pasado viernes 20 de abril.
El gobierno propone numerosos recortes para disminuir el déficit, pero a cambio sólo se compromete a mantener el empleo hasta el 31 de diciembre de 2012.
Los representantes del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias que estuvieron el pasado viernes día 20 de abril en la reunión de la Mesa de Empleo transmitieron a los delegados de SEPCA lo que se trató en esa sesión con representantes del Gobierno de Canarias, y que finalmente no tuvo nada que ver con los anunciado el miércoles anterior que fue reflejado por algunos medios de comunicación y que suponía recortes de salario y jornada a los laborales no fijos, entre otras medidas.
Dos días más tarde, lo que se planteaba para paliar el déficit de 800 millones que tiene que afrontar tras la aprobación de los presupuesto generales del estado Canarias (además del endeudamiento permitido legalmente de otros 700 millones) era totalmente distinto: recorte de salarios a todos los empleados públicos del 5% en el año 2012 ( lo que hará que sea en realidad un 10% menos de salario en lo que quede de año desde que comience a aplicarse entorno al mes de julio) con el argumento de que es un sacrificio necesario para evitar despidos. Esta medida se acompaña se otras igualmente drásticas o directamente radicales, como la propuesta de eliminación de complementos que afecta al colectivo de informáticos al completo.
Pero en realidad, ese compromiso de no despedir a nadie como justificación del recorte de salario a todos los empleados públicos alcanza únicamente hasta final de año, y a partir de enero de 2013 podrán producirse despidos con la escusa de que el esfuerzo no ha sido suficiente. De hecho, sabemos por muchos compañeros que ya se están confeccionando listas con ese fin por ejemplo en educación, para ir viendo de cuantos empleados puede prescindirse, aparte de los interinos que ya son 3500 empleado públicos que se irán a la calle.
A pesar de la insistencia de las organizaciones sindicales de arrancar un compromiso de garantía del empleo más largo, hasta 2014, el gobierno no va más allá de diciembre de 2012 en su propuesta de no despedir empleados públicos. Y si no se comprometen, es porque saben perfectamente que en 2013 van a despedir gente con la excusa de que el sacrificio, aunque doloroso, no ha sido suficiente.
Con él recorte del 5% de las retribuciones a todos los empleados públicos en 2012 no sabemos cómo van a quedar las tablas salariales en 2013, y mucho nos tememos que ese recorte (que, insistimos, será del 10%) se hará permanente en nuestras nóminas hasta el fin de los tiempos.
En la reunión de la Mesa de Empleados Públicos del pasado viernes 20 de abril llevó la voz cantante el viceconsejero de Hacienda, quien planteó la terrible situación económica porque el déficit real es altísimo ( y por supuesto todo, todo y todo es culpa del gobierno del estado, ellos no llevan 30 años gobernando Canarias).
En aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria tienen que recortar unos 800 millones (exactamente 796 millones), para lo que plantean subidas de impuestos: recuperan impuesto de sucesiones, suben tramos del IRPF autonómico, quitan todas las exenciones en ese IRPF autonómico, suben combustibles, reestructuran y suben los tipos generales del IGIC, suben tasas de todo tipo, e incluso plantean penalizar económicamente a quien perjudique al medio ambiente (¿). Con todas estas medidas consiguen ahorrar, dicen, 240 millones.
Además recortarán a ayuntamientos y cabildos otros 140 millones, con lo cual muchas corporaciones locales se verán en muy serias dificultades e igualmente deberán despedir personal además de no poder prestar a los ciudadanos los servicios que les corresponden.
Otras medidas planteadas en este cuento de la lechera de los recortes que van a conseguir rebajar el déficit: facilitarán, dicen, la reducción de la jornada laboral a quien lo desee dentro de la función pública, extenderán permisos sin sueldo en dos años; todos los funcionarios interinos quedarán adscritos a puestos base (todos quedarán en el mínimo del grupo al que pertenezcan); se revocarán todas las comisiones de servicio, aunque esto no lo explican de forma muy clara; las jubilaciones serán todas a la edad legal, sin prórrogas (eso incluye a los que pidieron y obtuvieron prórrogas en su jubilación, y que en unos dos o tres meses tendrán que jubilarse definitivamente).
Al colectivo de informáticos, al que muchos altos cargos tienen muchas ganas desde hace tiempo y han intentado laminar y machacar ya en anteriores ocasiones (no sabemos si para seguir externalizando servicios a empresas privadas), esta vez se les eliminan los complementos retributivos que tienen desde que se les fueron aprobados en consejo de gobierno en 1990. Esos complementos se crearon para abonar los distintos niveles de responsabilidad dentro de un colectivo nuevo de difícil encaje en la función pública en el momento en que se precisaron sus servicios. Fue el gobierno quien decidió crear esos servicios de informática con esa estructura y con esas retribuciones. Podía haberlo hecho de otra forma.
Con el cambio que proponen ahora dejan sin retribución la organización de los servicios y la responsabilidad. El límite de recorte es que, al eliminarles los complementos, nadie podrá quedar por debajo de lo establecido en convenio.
Apuntan desde el gobierno que también van a verse afectados por esos recortes y medidas las empresas públicas y los altos cargos, y que trasladarán las propuestas a los parlamentarios y al personal del parlamento, pero no pueden imponérselas.
Con todas estas medidas recortan déficit, pero no llegan a los 796 millones. Faltaría aún entorno a 250 millones que dicen van a conseguir "luchando contra el fraude fiscal". Estos 250 millones que están en el aire son una espada de Damocles sobre la cabeza de los empleados públicos ya que nos tememos que en unos meses se traduzcan en nuevos recortes en nuestra nómina o incluso despidos.
Por supuesto, no aceptan eliminar la RIC, que casualmente tiene en este momento unos 800 millones de euros (vaya, la misma cantidad que todo nuestro déficit!) en impuestos que no han pagado los empresarios, dinero que debería haberse invertido en Canarias (y no en pisos, como han hecho muchos de ellos contribuyendo a la especulación brutal al estallido de la burbuja inmobiliaria).
Ahora nos corresponde a los empleados público plantearnos qué podemos hacer, cada uno desde su puesto y desde sus posibilidades. Podemos elegir permanecer sometidos, acobardados y en silencio esperando a que escampe y pensando que no será para tanto, o que a mí no me va a tocar, o podemos comenzar a luchar.
Una propuesta efectuada durante la reunión y que desde Sepca les trasladamos es que hagan llegar de manera anónima a las organizaciones sindicales (a las que ustedes quieran), desde correos electrónicos o teléfono privados (no desde los corporativos), todos los casos que conozcan de abusos flagrantes que cuestan mucho dinero público: de asesores fantasma a los quien nadie ha visto pero que cobran, asistencias técnicas contratadas a empresas para servicios y trabajos que acaban haciendo los propios empleados públicos y cobrando esas empresas, fraccionamientos de contratos para dividirlos en otros menores que no requieran concursos, vulneración de la protección de datos de los ciudadanos que circulan por todas partes, tratos de favor a empresarios amigos, personal de responsabilidad o jefes de servicio que no aparecen por el puesto de trabajo (aunque si ponen el dedo para fichar, y luego desaparecen).
Tenemos que contrarrestar la campaña premeditada que desde hace tiempo se lleva a cabo en contra de los empleados públicos para que la opinión pública nos considere unos privilegiados que no dan un palo al agua y están todo el día tomando cafelitos y leyendo el periódico, o de compras en El Corte Inglés.
Dejemos de mirar para otro lado, y de esconder la cabeza en un agujero, y pongamos negro sobre blanco lo que sabemos que está sucediendo, para que el ciudadano se indigne con razón y exija responsabilidades a quien corresponde.
Gracias por su atención
Seguiremos informándoles de todo lo que vayamos averiguando
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